Como sostiene Garcia de Enterría, hoy las Constituciones son normas jurídicas efectivas que prevalecen en el proceso político, en la vida social y económica del país y que sustentan la validez de todo el orden jurídico. Como sentenció el juez Marshall, es "la ley suprema y soberana de la Nación", y un acto incompatible con su normativa es nulo, decisión sobre la cual los expertos concluyen que Europa y América han vuelto a descubrir la Constitución como una ley suprema, que pone algunos valores fundamentales de la sociedad fuera del alcance de mayorías parlamentarias ocasionales. De allí que haya sido rejuridificada en el sentido que se le considera ahora como una ley fundamental directamente ejecutable por los jueces y aplicable a los individuos. Es aquí donde emerge la concepción de la vinculación directa entre la Constitución y sus mecanismos jurisdiccionales de protección, entre ellos, especialmente, los que se
refieren a la vida, a la integridad física, a la libertad y, en general, a todas las materias que puedan decidirse en procesos penales.
Colombo Campbell, J. (2016). Aspectos constitucionales de la reforma procesal penal. Revista De Derecho Público, (64), Págs. 99–138. https://doi.org/10.5354/rdpu.v0i64.43099
